Plantación de marihuana. (Archivo Agencia Anadolu)
BOGOTÁ, Colombia
La Cámara de Diputados de México aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que regula el cultivo, la producción, la industrialización, la distribución, la venta y el consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos. Este miércoles 10 de marzo, con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones el Legislativo autorizó el cambio en las políticas nacionales de drogas.
El debate que tuvo una duración de aproximadamente cuatro horas puso fin a un proceso que comenzó en 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia falló a favor de consumidores que habían interpuesto un amparo para que se permitiera el uso personal del cannabis. Además, durante la sesión se reformaron y adicionaron disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.
La nueva ley establece que el cannabis y sus derivados están autorizados con fines personales; en uso compartido en asociaciones civiles y para comercialización y producción industrial; únicamente para adultos.
Las personas mayores de 18 años no podrán consumir frente a menores o quienes no expresen su consentimiento. La venta de marihuana solo estará permitida en establecimientos autorizados en el territorio nacional y la publicidad queda prohibida.
Las asociaciones de consumidores deberán constituirse con un mínimo de dos y un máxima de 20 integrantes, todos mayores de edad. No se podrá pertenecer a más de una asociación y el tope de siembra es de cuatro plantas de cannabis psicoactivo por persona al año.
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Los establecimientos interesados en comercializarla tendrán que tramitar una autorización y no podrán vender más de 28 gramos diarios por persona.
Las licencias con fines industriales serán cinco: cultivo, comercialización, exportación o importación e investigación. Por disposición de la norma se creará el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, encargado de otorgar, modificar, renovar suspender o revocar licencias relativas al nuevo mercado. Este órgano también participará en la formulación de las políticas públicas y ejes del control sanitario del cannabis y sus derivados.
La penalización para el comercio o suministro de marihuana sin autorización se mantiene. Las penas para los implicados pueden variar de 3 a 15 años de prisión.
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